Bogotá, 31 de octubre de 2026. La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) comparte el propósito de recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país y reconoce elementos del Proyecto de Ley 477 de 2026 orientados a la austeridad estatal, los alivios ante la DIAN y la promoción de compras nacionales en grandes proyectos.
Sin embargo, advierte que el ajuste fiscal debe acompañarse de medidas que protejan el empleo existente y la capacidad de las MiPymes para generar empleo formal, aumentar su productividad, avanzar en la formalización y aportar al crecimiento económico del país.
Empleo y contratación formal: El proyecto modifica la exoneración de aportes al SENA, al ICBF y al sistema de salud, actualmente aplicable a determinados empleadores respecto de trabajadores que devengan menos de diez salarios mínimos.
De acuerdo con el alcance señalado en el proyecto, para trabajadores con salarios superiores a tres salarios mínimos, la medida podría representar un incremento de hasta 13,5 % del salario en los costos empresariales por estos conceptos. Este cambio puede desincentivar la contratación formal de talento técnico y profesional, especialmente en empresas con márgenes estrechos.
ACOPI considera necesario evaluar sus efectos y establecer una transición gradual para las micro y pequeñas empresas que generan empleo formal.
IVA, facturación y condiciones para la formalización: La eliminación de la tarifa del 5 % y la reducción de la lista de bienes excluidos a partir de 2028 llevarían a la tarifa general productos como frutas, hortalizas, café e insumos agrícolas. Aunque el mecanismo EfectIVA contempla devoluciones a hogares de menores ingresos, su operación mediante factura electrónica plantea retos para los pequeños comercios y, especialmente, para los hogares beneficiarios: La devolución solo procede cuando la compra queda registrada en una factura electrónica con la identificación del comprador. Según EMICRON 2024 del DANE, el 77,6 % de los micronegocios no tenía RUT.
Si el hogar compra en la tienda de barrio o en la plaza que no factura, puede pagar el IVA incorporado en el precio sin recibir la devolución; si busca la devolución, tenderá a comprar donde facturan, que en su mayoría son grandes superficies. Por eso, cualquier cambio debe acompañarse de asistencia para la formalización y la facturación electrónica.
Sanciones proporcionales a la realidad de cada negocio: La fórmula propuesta para sancionar la no expedición de factura toma como referencia las ventas de un negocio típico del sector cuando estas superan las del contribuyente. Por ejemplo, una tienda que vende $4 millones al mes podría pagar una multa de $2 millones en lugar de $200.000. ACOPI solicita que las sanciones se calculen con criterios objetivos y proporcionales, atendiendo los ingresos reales y la capacidad económica de cada negocio, sin debilitar el control a la evasión.
La productividad como inversión para el crecimiento: La revisión de los recursos destinados a programas públicos y los cambios en las fuentes de financiación del SENA deben considerar sus resultados sobre las empresas, el empleo y la economía. La productividad es una inversión estratégica, que debe evaluarse con evidencia y orientar la continuidad y el fortalecimiento de los instrumentos que demuestren impactos. ACOPI considera prioritario preservar capacidades de formación, asistencia técnica y acompañamiento empresarial que contribuyan efectivamente a cerrar brechas de productividad.
Régimen Simple y generación de valor agregado: ACOPI propone acompañar la reducción general del impuesto de renta con el fortalecimiento y la simplificación del Régimen Simple de Tributación, como puerta de entrada a la formalidad para las micro y pequeñas empresas, con tarifas y obligaciones acordes con su tamaño y capacidad contributiva, y con reglas que eviten la fragmentación artificial de empresas. Asimismo, el gremio solicita incentivos verificables a la transformación productiva, la innovación, la incorporación de tecnología, el desarrollo de proveedores nacionales y las compras públicas con participación efectiva de MiPymes. El propósito debe ser fortalecer sus capacidades para producir, transformar, integrarse a cadenas de valor y elevar el valor agregado nacional.
Propuestas para el trámite legislativo: El gremio propone incorporar un test MiPymes previo a la entrada en vigor de las medidas de IVA, previstas para 2028, con evaluación del DNP y la DIAN, que permita anticipar sus efectos sobre las empresas de menor tamaño y definir ajustes cuando sea necesario. También solicita: (I) una transición gradual de los aportes para micro y pequeñas empresas que generen empleo formal; (II) acompañamiento para la facturación electrónica y la formalización; (III) sanciones proporcionales a los ingresos reales de cada negocio; y (IV) protección y evaluación de los programas de productividad con base en resultados verificables.
La estabilidad fiscal y el crecimiento empresarial se refuerzan mutuamente: Las MiPymes deben ser parte de la solución fiscal y productiva del país. Por eso, ACOPI está dispuesta a trabajar con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el DNP, la DIAN y los ponentes del proyecto para que las decisiones del trámite legislativo protejan el empleo formal, impulsen la productividad y permitan que más empresas crezcan, innoven y generen valor agregado en las regiones.
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